Ejecución a terroristas es justicia, señala ACNC

Pyongyang, 13 de noviembre (ACNC) -- Se torna más siniestra la campaña intrigante de los títeres surcoreanos contra la República Popular Democrática de Corea.
Se revelan sucesivamente los hechos de que el Servicio Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Unificación y otros se enfrascan en el espionaje, complot y demagogia anti-RPDC y secuestran abiertamente a los connacionales.
Hasta la mandataria y el premier surcoreanos instigan a las escorias humanas al enfrentamiento con la RPDC.
La campaña intrigante y terrorista nunca vista en la historia de las relaciones íntercoreanas demuestra que pasa el límite la locura fratricida de los títeres surcoreanos.
La farsa histérica de los aturdidos ante el poderío y la realidad relevante de la RPDC es el producto de la política intrigante y conflictiva para derrocar de todos modos el régimen norcoreano.
En el tiempo pasado, los títeres surcoreanos eludían la responsabilidad por la seducción y secuestro a los norcoreanos describiéndolos de "conductas de civiles". Pero, ahora se entregan a esta campaña las principales oficinas gubernamentales y hasta las autoridades surcoreanas.
La confesión básica de un agente del Servicio Nacional de Inteligencia del Sur de Corea arrestado en el interior de la RPDC, hace conocer que la campaña intrigante y terrorista de los enemigos se inició ya hace mucho tiempo.
Los títeres surcoreanos son criminales anti-DDHH y maníacos de confrontación que para satisfacer su codicia política y enfrentamiento crea artificialmente nuevas "familias separadas" del siglo XXI sin hacer caso de cerca de 70 años de división nacional.
De esta manera, se ha evidenciado que los "derechos humanos universales" y "protección a fugitivos norcoreanos", de que hablan los títeres surcoreanos, no pasan de ser una sofistería.
En este mundo no hay otros bribones y canallas como los títeres surcoreanos que se entregan al secuestro a los connacionales violando hasta los derechos internacionales.
La ejecución a los criminales y terroristas que pretenden dañar la seguridad estatal y la vida del pueblo es el ejercicio merecido de la ley de la RPDC. Y conviene enteramente a los derechos y normas internacionales sobre la protección de derechos humanos y el antiterrorismo.
La medida de la RPDC es justa y será despiadada en su ejecución.